Lagunas en la convivencia radiofónica Por unas reglas de juego coherentes Santiago Galván Domínguez

Hace años que se viene debatiendo sobre las líneas de intervención de lo público y lo privado; las posiciones al respecto van evolucionando a medida que el tiempo y los cambios de situación introducen nuevos elementos de discusión. Así, la dualidad público/privado, privado/público, está constituida por dos expresiones de la vida cotidiana, dos visiones complementarias y alternativas, dos realidades dentro de un mismo contexto, como se observa en el contexto radiofónico.

El desarrollo de la radio en nuestro país, con relación al resto del mundo, ha llevado caminos paralelos, pero de muy diferente trazado. Mientras desde sus inicios la radio en Europa estuvo dominada por el control gubernamental, en España es la iniciativa privada (amparada y estimulada por los diferentes Gobiernos) quien inicia el desarrollo de las primeras emisiones y empresas de radio; hasta entrada la guerra civil no se inaugura la primera emisora pública, la actual RNE en Salamanca.

Estos comienzos han marcado la evolución de la radiodifusión en nuestro país a lo largo de toda su historia, pudiéndose afirmar que ésta es eminentemente privada, si bien, con diferentes niveles de participación e intervención gubernamental durante el anterior régimen político. Como contraste con el resto de Europa, hasta finales de los años 50 no comienza la ruptura del monopolio público.

La radio pública europea se financiaba con fondos estatales, o de forma mixta en algún caso. En España, la radio privada se financiaba, básicamente, a través de la publicidad, por cierto, no sin serias dificultades.

Actualmente la radio pública europea concentra sus esfuerzos en dimensionar correctamente unas estructuras obsoletas y poco competitivas, debido, entre otras cosas, a las limitaciones de financiación que está imponiendo la propia reglamentación europea, en la búsqueda de una correcta solución de progreso. El reciente desarrollo de la radio privada en Europa ha hecho que países como Alemania o Inglaterra estén viviendo este proceso liberalizador con especial intensidad.

Centrándonos en los comienzos actuales de la radio en España, hay que decir ante todo que a pesar de la tradición de nuestro escenario de coexistencia, siguen vigentes lagunas que impiden aclarar la convivencia entre empresas de radio, y, sobre todo, entre radio pública y radio privada.

La empresa de Radio en España no opera en condiciones de libre competencia, puesto que el nivel de crecimiento de cada empresa viene determinado por su capacidad de distribución, y ésta queda en manos de los legisladores, siendo los Gobiernos los que definen las líneas maestras por las que van a transcurrir las diferentes iniciativas empresariales.

La situación en el mercado y el escenario de futuro dependen de la normativa sobre concesiones administrativas de emisión.
Posteriormente, las empresas podrán tener más o menos acierto, más o menos capacidad para la elaboración del producto radiofónico (y esto determinará sus resultados), pero, queda claro que quien cuente con una mejor red de distribución operará desde una posición de fuerza.

La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones considera la actividad radiofónica como servicio esencial de titularidad estatal.

La Ley Orgánica 9/92,de 23 de diciembre, ha igualado, prácticamente, el marco competencial de las comunidades autónomas, en radiodifusión en FM, por lo que aquellas que han asumido la explotación directa de emisoras de FM, han creado sus propios entes públicos de radio y televisión, semejantes al Ente Público de Radiotelevisión Española, habiendo constituido sociedades mercantiles de capital enteramente público para la gestión de las emisoras. El régimen de financiación de estas entidades es mixto: con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, y, mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realicen. (Subvención más publicidad).

Los servicios de radiodifusión sonora en FM pueden ser explotados indirectamente mediante concesión administrativa por las corporaciones locales, bien a través de sus propios agentes o funcionarios, bien por organismo local autónomo creado al efecto, bien por sociedad mercantil con capital social íntegramente perteneciente a la entidad local.

El desarrollo de estas y otras normas ha contribuido notablemente a enturbiar la situación, con una multiplicación de la oferta de radio pública, promovida por los entes municipales y autonómicos.

Estas emisoras, en su mayor parte, están concebidas como un órgano más de difusión y comunicación con los ciudadanos, y no suelen responder a una demanda objetiva. El resultado es que se convierten en una fuente de endeudamiento, y, en muchos casos, de una competencia fuera de toda lógica de mercado, en la búsqueda de ingresos que faciliten su financiación. Las dificultades de subsistencia obligan a apariciones y cierres, carencia de medios, funcionamiento precario, emisión en condiciones de baja calidad, actuación comercial perjudicial para todos, y un fenómeno reciente: la subrogación que algunos municipios hacen de sus emisoras, dejándolas en manos de particulares, que las explotan comercialmente, a cambio de unas horas para uso del Ayuntamiento.

Por ello, cabría preguntarse: ¿deben asumirse desde lo público aquellos servicios que pueden ser asumidos desde la iniciativa privada?

Desde otro punto de vista: ¿tienen capacidad las empresas privadas de radio para mantenerse en el mercado en el que actúan, como agentes, obteniendo beneficios suficientes?; es más, se trataría de que el papel en el mercado fuese lo suficientemente relevante como para atraer a nuevos inversores dispuestos a asumir riesgos; aunque en este sentido, no está de más recordar que la transmisión de acciones está limitada por una autorización administrativa.

CONCLUSIONES

Resulta necesario en el momento actual aclarar las condiciones de coexistencia en el mercado radiofónico, de las radios públicas y de las radios privadas.

El modelo español de radio consagra la convivencia en el mercado de ambos tipos de radios, comprendiendo, Onda Cero, la utilidad para los ciudadanos en general, y para los oyentes radiofónicos en particular, de la existencia de una radio pública con implantación, cobertura y alcance nacional suficientes, siempre que se realice una política empresarial coherente, tal y como lo viene haciendo RNE en los últimos tiempos, en aspectos tan importantes como: financiación, programación y redimensionamiento.

Sin embargo, entendemos que en los últimos años, la oferta radiofónica pública se ha multiplicado en los niveles de las Administraciones Autonómica y Municipal sin justificación suficiente, en cuanto que responda a una demanda social evidente; esto se ha traducido en tasas de aceptación de muchas emisoras públicas bastante bajas en términos de audiencia, y, como consecuencia de ello, en déficits económicos importantes, teniendo en cuenta, además, que se trata de dinero público, que debe ser destinado a cubrir necesidades y servicios de amplia aceptación social, antes que aumentar una oferta radiofónica que creemos está ya suficientemente cubierta.

Asimismo, inmersas en diaria competitividad con sus colegas de la radiodifusión privada, en el deseo de atraer audiencia suficiente, que justifique su existencia, sus gastos de explotación, sus correlativas necesidades financieras, algunas de dichas emisoras han llegado a establecer programaciones que poca coherencia tienen con su carácter público, y que en muchos casos, hacen difícil distinguirlas de sus colegas de naturaleza privada, haciéndose difícil para todos la coexistencia en el dial.

Todo ello exige el establecimiento de unas reglas de juego, que deben tener en cuenta el carácter específico de cada tipo de radio, en todos los componentes del quehacer radiofónico:

- El cuantitativo, al ser las frecuencias un bien escaso.
- El programático.

Y sobre todo:

- El de la financiación de las emisoras, para que no haya malentendidos, ni situaciones confusas sobre situaciones de competencia desleal.

La radio tiene ante sí un reto importantísimo de impulso tecnológico, al que todos estamos obligados.
Esta transformación necesita grandes desembolsos económicos, y por lo tanto, empresas sólidas y saneadas. Y no sólo por la evolución de la propia radio, sino además por el cambio que se anuncia en otros medios competidores.