| La Universidad es una de
las instituciones más antiguas de Europa, aunque hoy
es muy diferente a la concebida cuando los Estudios Generales
se creaban por bulas cardenalicias. A lo largo de los siglos
ha conservado su esencia, adaptándose en cada momento
al signo de los tiempos para desempeñar mejor su función
al servicio del saber y de la creación científica.
En todo este tiempo, las Universidades han
estado en la vanguardia de la sociedad. Su misión ha
consistido en la docencia y la investigación, la generación
y difusión del conocimiento, la divulgación
de la cultura y la innovación. Lo que podría
denominarse "la rentabilización del conocimiento".
Sin embargo, la imagen de la Universidad es a veces la de
una institución renuente al cambio.
Muy recientemente, numerosos estamentos universitarios,
sociales y políticos ponían de relieve la necesidad
de superar el marco normativo vigente que concluía
en una nueva Ley Orgánica de Universidades que, contestada
o no y en sintonía con las tendencias europeas, ha
obligado al sistema universitario español a adaptarse
y buscar acomodo en el nuevo marco legal.
Desde hace aproximadamente un año,
la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la
CRUE, que presido, ha sido una buena herramienta de apoyo
de las Secretarías Generales y Vicerrectorados de Desarrollo
Normativo para llevar adelante el proceso de reforma.
La reunión de Palma de Mallorca en
octubre de 2002 abordó monográficamente la LOU
-a penas días después de que la Universidad
de La Rioja organizara las 20 Jornadas de Gerencia Universitaria,
igualmente dedicada a la aplicación de la Ley en el
ámbito de la Gestión- en plena efervescencia
constituyente. Las conclusiones obtenidas en ella permitieron
la puesta en común de problemas y la búsqueda
de soluciones en el desarrollo normativo de la nueva ley.
En la siguiente reunión semestral,
celebrada en Pamplona en mayo de 2003, la forma de gobierno
de las Universidades, la protección de datos y el sistema
de elección de los rectores fueron los puntos de discusión
cuando, precisamente, la mayoría de los campus públicos
se encontraban aplicando el nuevo sistema electoral. La novedad,
las dificultades en su desarrollo, los resultados o los nuevos
factores que introducen en las campañas electorales
fueron comentados de forma contemporánea a su puesta
en marcha.
En la Universidad de Córdoba, hace
tan solo unos días, el debate se centraba en el protagonismo
de los nuevos Consejos Sociales y en la pérdida de
representación universitaria en la nueva composición
de éstos. Muestra de ello, son las diferentes leyes
autonómicas ya publicadas que regulan esta institución
universitaria y que fueron objeto de análisis.
Igualmente oportuno fue el debate sobre la
figura del Defensor del Universitario que, aunque vigente
con anterioridad en algunos campus, es contemplada por la
LOU como obligatoria en su Disposición Transitoria
14ª. Por tanto, debe ser objeto de desarrollo reglamentario.
Con ella se recupera y adaptan a nuestro ámbito las
prestigiosas figuras de los Ombudsman escandinavos en los
medios de comunicación, o la más cercana del
Defensor del Pueblo. No en vano, está llamado a desarrollar
una importante tarea: velar por el respeto a los derechos
y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria
(profesores, alumnos, PAS, investigadores, becarios…)
y, por tanto, evitar la vía judicial en la resolución
de conflictos, creando el ambiente óptimo para el estudio
y la investigación que redunden en una mejor calidad
del servicio universitario.
En definitiva, la Comisión Sectorial
de Secretarios Generales de la CRUE es un importante instrumento
dinamizador e impulsor del cambio en el sistema universitario
español. Así lo ratifica la intensa y responsable
labor llevada a cabo en los últimos tiempos en el proceso
de desarrollo del nuevo marco legal y lo augura el ya inminente
proceso de adaptación de nuestras Universidades al
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
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