Unos 500 investigadores en formación de toda España se
manifestaron en Madrid en protesta por su situación de "precariedad" laboral, convocados por la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios).

La marcha estuvo encabezada por una pancarta con el lema 'Contra la precariedad en la investigación' y concluyó ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde entregaron un manifiesto en el que denuncian el incumplimiento del Gobierno de su promesa de aprobar un "Estatuto del becario", anunciado en noviembre de 2001 por la entonces ministra Anna Birulés.

Los investigadores españoles "en fase inicial", como se denomina a este colectivo en la terminología comunitaria, se quejan de que el titular de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, se ha desentendido de la promesa y sólo ha permitido que desde su departamento se hayan "filtrado" varios borradores de estatuto para cuya elaboración no se les han consultado.

En rueda de prensa previa a la manifestación, la presidenta de la federación, María Villarroya, dijo que llevan tres años planteando en vano sus reivindicaciones al Ejecutivo "y las esperanzas que nos habíamos hecho se han desvanecido".

Su principal exigencia es que les hagan contratos con todos los derechos sociales que les corresponden, en lugar de las becas actuales, ya que creen que hacen una labor importante que se visualiza en el hecho de que son autores de casi la mitad de los artículos de investigación que se publican.

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

Durante la conferencia informativa, la federación hizo público un estudio comparativo sobre la situación de los jóvenes investigadores en 17 países.

La principal conclusión es que, excepto Grecia, donde la situación es más preocupante todavía, España ofrece a este colectivo las peores condiciones laborales.

Bélgica, Alemania, Holanda y Eslovenia son los Estados que más se preocupan por invertir en ciencia y tecnología, consideran trabajadores a los investigadores en formación y les retribuyen mediante contratos laborales.

En España, no tienen esa condición de trabajadores y se les niegan prestaciones sociales como la asistencia sanitaria pública, la jubilación o el desempleo.

En el Reino Unido, que presenta una situación parecida a la española, tienen el atenuante de que los jóvenes investigadores son estudiantes en toda regla, y aunque no se les reconoce la categoría de trabajador, obtienen todos los beneficios del estudiante.

España es el único país que retribuye al colectivo mediante
"becas-subvención" y además les hace pagar impuestos, a pesar de que en otros países las becas ofrecen una mayor protección social.

En países como Portugal, Eslovenia, Hungría o Rusia, con peores
indicadores de desarrollo tecnológico que España, los investigadores becarios disfrutan de una mayor protección social.