El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una modificación de la Ley General Penitenciaria que acabará con la posibilidad de que los presos de ETA decidan matricularse en la Universidad Pública del País Vasco (UPV) para realizar sus estudios superiores.

Este anteproyecto de ley, presentado por el ministro del Interior, Angel Acebes, contó con el apoyo del Grupo Socialista y de Coalición Canaria y con la oposición de IU, CiU, PNV y EA.

Acebes explicó que, con los cambios de la Ley General
Penitenciaria, se asegurará la igualdad de todos los presos en su
acceso a la educación, ya que será la administración penitenciaria
la que decidirá los acuerdos con las distintas universidades
públicas no presenciales. En este sentido, aseguró que la elección de las universidades se regirá siempre con el criterio de que tenga un ámbito de presencia nacional y que esté especializada en la educación a distancia.

Hasta ahora, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) llegaba a acuerdos con otras universidades, como es el
caso de la Universidad Pública del País Vasco para impartir sus carreras a reclusos, la mayoría de ellos pertenecientes a la organización terrorista ETA. Se daba la circunstancia de que la mayoría de estos internos se encontraban ingresados en centros fuera del País Vasco.

Según Acebes, a partir de ahora la UNED no podrá llegar a ningún acuerdo con otras universidades al margen de la Administración Penitenciaria y que esto beneficiará a la calidad de la educación, a la igual de enseñanza de todos los presos y a garantizar la seguridad de los presos al regular así el régimen de visitas y tutorías.

RECONOCIMIENTO

El ministro, que tuvo unas palabras de reconocimiento para todo el profesorado del País Vasco que sufre intimidaciones y amenazas, insistió en que es preciso evitar que "el terrorismo abuse de las garantías del Estado de Derecho".

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar, apoyó esta iniciativa del Gobierno, aunque incluyó algunas enmiendas parciales, y explicó que, "aunque haya sólo un caso de un profesor afectado por la intimidación (de ETA)", eso justifica que se tomen en consideración los cambios de la ley.

Los grupos que se opusieron a los cambios de la Ley General Penitencia fueron IU, CiU, PNV y la diputada de EA. Pidieron informes de las investigaciones de los supuestos casos de amenazas que pueden sufrir los profesores vascos por estos reclusos antes de cambiar una ley orgánica.

Acebes explicó que, en las pruebas de acceso a la UPV para mayores de 25 años en 2002, la media de aprobados de los presos comunes fue de 39,62%, mientras que la de los presos terroristas se situó en el 93,75%.

Además, calificó de "insulto a la inteligencia" que desde los partidos nacionalistas se diga que en la Universidad del País Vasco "no hay ningún problema" cuando, añadió, 253 profesores han firmado un manifiesto contando su situación y lo presentaron públicamente encapuchados.

El Grupo Catalán de CiU considera, según explicó su portavoz, Manuel Silva, que el cambio legislativo afecta a la autonomía universitaria y a las competencias autonómicas, en lo referido a universidades y, por ello, se opuso. PNV y EA pidieron datos e informes al Gobierno para conocer de verdad la situación en la que se encuentran los profesores vascos y las supuestas amenazas que dicen sufrir.

Asimismo, la diputada Margarita Uría y Begoña Lasagabaster
explicaron que con el cambio normativo no se garantiza el derecho de los presos vascos a estudiar y realizar sus pruebas en euskera.