Más de 1.500 investigadores españoles han suscrito un documento, denominado ‘Manifiesto por la Ciencia’, en el que denuncian la preocupante situación de los científicos españoles, provocada por la “indefinición política" en esta materia, y demandan que la ciencia se convierta en una "cuestión de Estado".

En el documento, que sigue abierto a más firmas, los investigadores, además de subrayar la disminución real de recursos dedicados a I+D, denuncian "la falta de ideas en cuanto a la planificación de la investigación, la inexistencia de un criterio para investigar en temas candentes y la gestión ineficiente y opaca con que el Ministerio de Ciencia y Tecnología administra los escasos recursos".

El manifiesto ofrece como ejemplos "de esta inoperancia los plazos para adjudicación de becas y proyectos, el sistemático recorte en las dotaciones de los proyectos de investigación y el absurdo retraso en su percepción, la ineficacia de nuestras administraciones en la elaboración del VI Programa Marco de la UE y el futuro indeterminado de los investigadores del Programa Ramón y Cajal".

Los científicos también resaltan que "parte de los presupuestos destinados a I+D se financian con fondos Feder (de la UE), que se extinguirán a partir de 2006". "Estos presupuestos inhabilitan a la ciencia española para competir en el espacio de investigación europeo", afirman.

El ‘Manifiesto por la ciencia’ (www.icmm.csic.es/manifiesto/) empezó a fraguarse en enero en el claustro del Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se concibe "como un diagnóstico de la situación de la investigación en España, lo que el científico está viviendo, lo que pasa día a día en el desarrollo de su labor", comenta Pedro Serena, investigador de dicho instituto.

"Este documento es fruto de la situación de frustración que se ha generado, porque la idea de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología creó muchas expectativas que se han venido abajo", explica Serena

Los firmantes demandan el tratamiento de la ciencia como una "cuestión de Estado”, lo que debería comportar "el consenso parlamentario necesario para organizar y llevar a cabo la política científica a medio y largo plazo, sin las ambigüedades propias de los vaivenes políticos".