El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 8 de Bilbao
ha admitido a trámite la demanda de la profesora Edurne Uriarte
contra la decisión de la Universidad del País Vasco (UPV)
de retirarle la cátedra de Ciencia Política, y también su
petición de suspensión provisional de la medida, según informó
a CAMPUS DIARIO su abogado, Jesús Sánchez.
Siempre según
esta fuente, la universidad está "resistiéndose" a enviar
al juzgado el expediente de retirada de la cátedra al Juzgado
(tenía 10 días de plazo y va camino de un mes), por lo cual
anunció que va a solicitar una sanción. Edurne Uriarte considera
que se vulneraron derechos fundamentales amparados por la
Constitución al retirársele la cátedra de Ciencia Política
por la reclamación del otro aspirante a la plaza, el ex diputado
de HB Francisco Letamendía.
Por su parte, la Universidad del País
Vasco (UPV) ha asegurado que el expediente de retirada de
la cátedra de Ciencia Política a la profesora Edurne Uriarte
fue enviado al juzgado que lleva el caso dentro del plazo
previsto por la ley. Fuentes de la universidad negaron que
la UPV se esté resistiendo a enviar este expediente al Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 8 de Bilbao, como
manifestó el abogado de la profesora Uriarte, Jesús Sánchez.
El juzgado solicitó el expediente el 20 de marzo y dio a la
UPV un plazo de 10 días para presentarlo. Según las mismas
fuentes, se envió el 27 del mismo mes, por lo que "se están
cumpliendo los trámites con arreglo a la legalidad".
En este sentido,
la defensa de esta profesora asegura que las personas que
le dieron su respaldo rellenaron el espacio que había en los
impresos oficiales para dar sus explicaciones, y que, incluso,
debieron escribir en los márgenes para completar sus argumentaciones.
Al mismo tiempo,
el recurso se refiere a que Letamendía debería haber quedado
eliminado en una de las fases, ya que se negó a explicar en
persona su proyecto docente a los miembros del tribunal. Por
último, el escrito alude a que la Comisión de Reclamaciones
que suspendió la cátedra aplicó para ello un artículo de la
ley universitaria que fue suspendido por el Constitucional.